Desigualdad social en América Latina: obstáculo para el desarrollo

América Latina y el Caribe es una región de fuertes contrastes, la actualización de datos que realizó el Banco Mundial en diciembre de 2015, dada a conocer este año, permitió identificar que después de cinco países africanos que encabezan el ranking mundial de desigualdad se encuentran cinco países latinoamericanos: Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9) y Panamá (10). A estos, se suma Chile que ocupa la posición 14.

A diferencia de lo que ocurre en África que es la región más pobre del mundo y, en consecuencia, más desigual, es complejo explicar por qué la desigualdad ha caracterizado históricamente a la región de América Latina y el Caribe, incluso cuando se han alcanzado importantes niveles de crecimiento económico e implementado políticas públicas con el objeto de favorecer la redistribución de la riqueza.

El hecho es que la desigualdad sigue siendo uno de los principales obstáculos de la región para el desarrollo sostenible y combate eficaz a la pobreza. Un dato que nos permite visibilizar esta situación es la afectación que la desigualdad ocasiona al índice de desarrollo humano (IDH).

Este indicador es utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objeto de medir la “riqueza de las vidas humanas” partiendo del hecho de que “las personas son la verdadera riqueza de las naciones”.

De acuerdo con esta visión, los países más ricos son los que dan más oportunidades a las personas para mejorar de forma directa sus capacidades humanas —vida larga y saludable, acceso al conocimiento y nivel de vida digno— y les ofrecen las condiciones que necesitan para su desarrollo —participación comunitaria y política, sostenibilidad ambiental, seguridad humana y derechos humanos, y promoción de igualdad y justicia social.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2015 realizado por el PNUD, señala que Chile cuenta con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto —encontrándose en el mismo grupo que Noruega, Australia, Suiza, Dinamarca, Alemania, Irlanda, EUA, entre otros—; Brasil, Panamá y Colombia con un IDH alto; y finalmente, Honduras y Guatemala con un IDH medio.

Sin embargo, cuando el IDH alcanzado por los países de la región se ajusta tomando en cuenta sus niveles de desigualdad sufre una pérdida porcentual alarmante, Honduras reduce su IDH en 32%, Guatemala 29%, Brasil 26%, Colombia cerca del 25%, Panamá 22% y Chile 19%. Es decir, la desigualdad impide potencializar las capacidades y desarrollo de las personas de forma sostenible.

La “igualdad” reconocida en las leyes y proclamada en el discurso político es ajena a la realidad de millones de familias que viven en situación de pobreza y a diario enfrentan graves problemas para tener acceso a la alimentación, vivienda, educación, salud y servicios básicos —agua potable, drenaje, electricidad, pavimentación—. La aspiración familiar de que las hijas e hijos tengan un mejor futuro es lejana, escalar socialmente y alcanzar niveles de bienestar mayores a los que se tienen en la infancia es poco probable.

De acuerdo con estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el nivel socioeconómico de los padres y madres es muy parecido al que alcanzarán sus hijas e hijos en el futuro, lo que hace evidente un hecho: las condiciones sociales tienden a reproducirse. La pobreza y falta de oportunidades que se transmiten de generación en generación limita considerablemente las experiencias de vida y sociales que tendrán las personas.

Para atender el problema es indispensable entender que la igualdad debe partir del reconocimiento de las diferencias, las personas tenemos los mismos derechos pero lamentablemente nos encontramos en situaciones muy distintas para ejercerlos debido a nuestra condición económica, de género, de edad, de orientación sexual, de origen étnico, de educación y de discapacidad, entre otras. No tomar en cuenta estas diferencias al gobernar, coloca a las personas en una situación de exclusión e injusticia social.

Que la ley reconozca que todas y todos tenemos los mismos derechos sin distinción, es sólo el primer paso, pues para que esa igualdad jurídica sea real es necesario combatir la discriminación latente en prácticas sociales, inercias institucionales y, principalmente, en la distribución de los recursos públicos y la toma de decisiones políticas.

La desigualdad que afecta a América Latina y el Caribe evidencia que se sigue gobernando y definiendo la agenda pública en función de los intereses de un grupo reducido de personas que concentran el poder económico y político en los países de la región.

Gabriela Benítez / gb@holatn.com


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